En un entorno de fuerte crisis económica, el seguro de D&O se
vuelve a mostrar como una importante herramienta de defensa para poder
operar sin riesgos a los posibles errores de gestión.
Sin
embargo todavía una de cada dos empresas no contratan el seguro de
D&O por desconocimiento del mismo, mientras que sólo el 13,1% lo
hace por el precio.
En el escenario legal, con las reformas de la
Ley de Sociedades de Capital, el Código Penal y el Proyecto de Código
Mercantil, se endurece significativamente el régimen de responsabilidad
de los administradores sociales. La legitimación directa a la minoría,
la obligación de la sociedad de reembolsar al accionista los gastos en
los que haya incurrido al reclamar en beneficio de la sociedad o la
extensión de responsabilidad a ciertos cargos como el Director General
cuando no exista Consejero Delegado, son algunas de las propuestas del
Proyecto de Código Mercantil en este sentido, aunque no las únicas.
A
esto se une la exigencia social de gestionar la empresa con
transparencia y en interés de la sociedad, evitándole imputaciones
penales. En este contexto aumentará el activismo accionarial y la
actividad de los proxy advisor, lo que repercutirá en un aumento de las
reclamaciones. En el otro lado, parece que se suavizará el régimen de
prescripción de la responsabilidad en ciertos supuestos (dies ad
quo) y se establecerán business judgement rules para proteger la
discrecionalidad empresarial en el ámbito de las decisiones estratégicas
y de negocios, considerándose que el empresario ha actuado
diligentemente cuando haya actuado de buena fe, sin interés personal en
el asunto, con información suficiente y en el marco de un procedimiento
de decisión adecuado.
SER ADMINISTRADOR O PERTENECER A UN CONSEJO DE ADMINISTRADOR YA ES CONSIDERADO UNA PROFESION DE RIESGO!!!
